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España: Guía de las ayudas para hacer frente al coronavirus

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La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha obligado al Gobierno Español a tomar una serie de medidas económicas para intentar paliar los efectos del coronavirus que ha dejado más de 14.500 muertos. El Ejecutivo ha aprobado varios decretos para hacer frente al impacto económico con ayudas para parados, personas que han visto reducidos sus ingresos y préstamos para autónomos y pymes.

Agricultores
Los parados, trabajadores con subsidio agrario, renta agraria o con prestación por desempleo podrán trabajar en el campo sin perder el paro, según un real decreto del Gobierno. También los extranjeros a los que se les renovará el permiso de trabajo si finalizan antes del 30 de junio, y a los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años a los que se les expedirá el permiso de trabajo

Los agricultores que pidieron préstamos para afrontar la sequía de 2017 podrán pactar con los bancos un año de carencia y prolongar el periodo de amortización. El Ministerio asumirá el coste de los avales. Las solicitudes se pueden presentar en los próximos cuatro meses.

Permiso recuperable
El Gobierno ha decretado la paralización de la actividad en sectores no esenciales hasta el 9 de abril. Los trabajadores deberán quedarse en casa pero seguirán cobrando el sueldo gracias a un permiso retribuido, eso sí tendrán que recuperar las horas antes de que acabe este año.

Vivienda
Durante el estado de alerta por el coronavirus, queda prohibido el corte de suministros de agua, luz o gas a hogares vulnerables. Además se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre el bono social para los beneficiarios pendientes de renovar la solicitud. El descuento en la factura eléctrica puede llegar al 40 %.

Hipotecas
Los trabajadores que se queden en paro o pierdan una parte sustancial de sus ingresos (al menos el 40 %) y los empresarios cuyas ventas se desplomen podrán aplazar el pago de sus hipotecas hasta el 3 de mayo. La moratoria sólo se aplica para la vivienda habitual.

Alquileres
El Gobierno articula ayudas al alquiler, suspende los desahucios en seis meses y los contratos se renovarán automáticamente por medio año si caducan ahora. Los inquilinos vulnerables (parados, afectados por un ERTE o autónomos) podrán optar a microcréditos a interés cero a devolver hasta en 10 años y el Estado asumirá la deuda si se mantiene la vulnerabilidad Los grandes arrendatarios, como los fondos de inversión, deberán elegir entre cobrar la mitad de la renta o reestructurar la deuda a plazos.

Empleadas de hogar y temporales
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros subsidios extraordinarios de 440 euros para los trabajadores temporales que no tenían derecho a paro; y para las empleadas del hogar del 70% de de la base de su cotización, sin ser esto incompatible con otros empleos.

Paro
Durante el periodo de alarma, el retraso en presentar una prestación por desempleo o una reanudación “no reducirá la duración del derecho a la prestación”. Si un autónomo quiere cobrar el paro tendrá que estar al corriente del pago de las cotizaciones o regularizarlas en el plazo de 30 días.

Autónomos
Los autónomos y las empresas podrán aplazar durante seis meses el pago de sus cuotas a la Seguridad Social y el pago de sus deudas también se aplaza hasta el 30 de junio de 2020 -no habrá interés si no tenían deudas previas al estado de alarma-. Los autónomos podrán solicitar la devolución de las cuotas por los días no trabajados de marzo.El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirma que “cualquier autónomo que haya visto interrumpida o reducida de forma intensa tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros.” Más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria creada para este colectivo por la crisis del coronavirus.

En general, las empresas siguen obligadas a pagar a tiempo las cotizaciones y deben dar de alta y de baja a los trabajadores en la Seguridad Social pese al estado de alarma y la saturación de los Servicios Públicos de Empleo.

Avales
El Gobierno aprobó el 24 de marzo la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por el Covid-19. La mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos a pymes y autónomos. La línea de avales entró en vigor el lunes 6 de abril. Los empresarios piden que se amplíe la cuantía hasta 50.000 millones.

ERTE
Las empresas tienen más fácil presentar un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) pero se comprometen a mantener el empleo seis meses después de retomar la actividad si han sido exoneradas de las cotizaciones sociales (de un 75 al 100 %). Las empresas de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar las cotizaciones.

Trabajo aceptará los ERTE presentados antes del real decreto de medidas económicas por una causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia. También podrán acogerse a estas condiciones los negocios con un sólo trabajador, siempre que su cierre se deba al coronavirus.

Reducción de jornada
La Seguridad Social compensará el pago de los salarios a los trabajadores que tengan que quedarse en casa o reducir su jornada para cuidar familiares. Una de las primeras medidas que ha perdido fuerza tras la avalancha de ERTEs en todo tipo de empresas.

Planes de pensiones
Los autónomos que hayan cesado su actividad por el coronavirus y las personas afectadas por un ERTE podrán rescatar las aportaciones realizadas a los planes de pensiones para aliviar sus necesidades de liquidez.

Compras
Los plazos para devolver compras se interrumpen mientras dure el estado de alarma tanto para adquisiciones presenciales como por internet. Habitualmente los productos se pueden devolver en un mes. El plazo volverá a contar cuando termine el estado de alarma. Se protege al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios cuya ejecución sea imposible por la pandemia.

I+D+i
Frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, las instituciones públicas de ciencia, tecnología e innovación podrán establecer jornadas laborales extraordinarias. Estas horas extra se compensarán con el complemento de productividad o mediante gratificaciones.

El Ministerio de Ciencia concederá créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III para necesidades excepcionales (más de 25 millones de euros) y al CSIC (4,4 millones).

Más plazo para pagar impuestos
El plazo de los procedimientos tributarios ya iniciados se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir se alargan hasta el 20 de mayo. Los intereses de demora se seguirán devengando con los plazos ampliados, así que es conveniente pagar cuanto antes.

Problemas de liquidez
Ante la posibilidad de que algunas empresas tengan problemas de liquidez para efectuar los ingresos de determinadas autoliquidaciones, la Agencia Tributaria va a adaptar su operativa. Así las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez que ofrece el decreto no recibirán apremios por impago de impuestos mientras no les llegue la línea de financiación.

Quiebras
Las empresas en quiebra no tienen la obligación de declararse en concurso de acreedores. Habrán de transcurrir dos meses desde que acabe estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite estas solicitudes de concurso necesario. Alemana también ha tomado esta medida.

Juntas de accionistas
Las empresas cotizadas que tendrían que celebrar sus juntas de accionistas a finales de junio, dispondrán de cuatro meses más, hasta finales de octubre. Además, el Gobierno permite celebrarlas de forma telemática por el coronavirus, aunque no se contemple en los estatutos sociales de las compañías.

Obra pública
En el caso de que se paralicen los proyectos de obra pública por culpa de la pandemia, el concesionario “podrá restablecer el equilibrio económico mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato”.

Coste económico
El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales al paquete de liquidez de 200.000 millones de euros, 117.000 millones públicos y el resto privados, que articula el real decreto. Es el caso de los ERTE y el resto de medidas no financieras.

 

RTVE

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